Anulación del decreto de suspensión de garantías civiles.

SE PROMUEVE ACCION DE AMPARO. QUE SE DECLARE QUE EL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-M-016-2009 NO OBLIGA AL RECURRENTE NI ES APLICABLE POR CONTRAVENIR, DISMINUIR O TERGIVERSAR DERECHOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.

Honorable Corte Suprema de Justicia.

Yo, SANDRA YAMILETH PONCE AGUILERA, mayor de edad, soltera, licenciada en ciencias jurídicas y sociales, hondureña y de éste domicilio, actuando en mi condición de Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos con lugar para recibir notificaciones  en las Oficinas del Ministerio Publico situado en la Colonia las Lomas Edificio Lomas Plaza II, de la Avenida República Dominicana  en  la ciudad de Tegucigalpa, en comparezco ante ésta Honorable Corte Suprema de Justicia interponiendo RECURSO DE AMPARO, a favor de Radio Globo, Radio Catracha, Cholusat Sur, y sus repetidoras,  Radio, Pueblo Visión Canal 36, así como Eduardo Napoleón  Maldonado, director del Programa “ Hable como Hable”   contra el Decreto Ejecutivo número PCM-M-016-2009 mediante el cual se autoriza a la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable  que no ajuste su programación a las disposiciones de dicho Decreto Ejecutivo, para que se declare que el mismo no obliga a recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar los derechos  reconocidos en los artículos, 60,  64, 73, y 90  por la Constitución de la República, 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos;  8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se les restituya en sus derechos  y al efecto expreso lo siguiente:

El Ministerio Publica fundamento su interés legitimo en la atribución que tiene conforme a su Ley Orgánica en el numeral 8 del articulo 1 de promover la protección de los Derechos Humanos, así como lo dispuesto en el articulo 273 del Código Procesal Penal, conforme al cual el Ministerio el Ministerio Público deberá tomar las medidas necesarias para evitar efectos ulteriores del delito.

EL HECHO, ACTO, RESOLUCIÓN, ORDEN O MANDATO CONTRA EL CUAL SE RECLAMA, CON EXPRESIÓN DEL JUICIO O DILIGENCIA EN QUE HA SIDO DICTADA LA RESOLUCIÓN ORDEN O MANDATO RECLAMADA, Y LA INDICACIÓN DE LOS RECURSOS DE QUE SE HA HECHO USO PARA OBTENER SU SUBSANACIÓN.

Es el Decreto Ejecutivo número PCM-M-016-2009 dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros el día veintidós (22) de septiembre del año dos mil nueve (2009).

Contra el Decreto Ejecutivo número PCM-M-016-2009 no ha sido interpuesto ningún recurso para obtener su subsanación porque no ha sido dictado en ningún juicio o diligencia administrativa que permita interponer recursos.

INDICACION CONCRETA DE LA AUTORIDAD, FUNCIONARIO, PERSONA O ENTIDAD CONTRA QUIEN SE INTERPONE EL AMPARO. El  Consejo de Ministros. RELACION DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA SOLICITUD, CON LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES QUE TUVIERE A SU DISPOSICION.

El día veintidós (22) de septiembre del año dos mil nueve (2009) el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros dictó el Decreto Ejecutivo número PCM-M-016-2009, el cual fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil nueve (2009).

En dicho Decreto Ejecutivo se suspende las garantías establecidas en los artículos 69, 72, 78, 81 y 84 de la Constitución de la República. Amparado en dicho Decreto Ejecutivo la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) quedó autorizada  para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable  que no ajuste su programación a las disposiciones de dicho Decreto Ejecutivo y además se ha procedido a suspender el canal de Televisión CHOLUSAT SUR, RADIO GLOBO y RADIO LA CATRACHA.

En esta misma diligencia y mediante la ejecución de la Resolución de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Ref. OD. 019/09-2009 del  28 DE Septiembre de septiembre de 2009, procedió al asalto de dichas estaciones, asi como decomiso de sus equipos El artículo 73 de la Constitución de la República establece “Artículo 73.

Los talleres de impresión, las estaciones radio-eléctricas, de televisión y de cualesquiera otros medios de emisión y difusión del pensamiento, así como todos sus elementos, no podrán ser decomisados ni confiscados, ni clausuradas o interrumpidas sus laboras por motivo de delito o falta en la emisión del pensamiento sin perjuicio de las responsabilidades en que se haya incurrido por estos motivos, de conformidad con la Ley. (el resaltado es mío).

 Ninguna empresa de difusión del pensamiento podrá recibir subvenciones de gobiernos o partidos políticos extranjeros. La Ley establecerá la sanción que corresponda por la violación de éste precepto. La dirección de los periódicos impresos, radiales o televisados, y la orientación intelectual, política y administrativa de los mismos, será ejercida exclusivamente por hondureños por nacimiento.”

La garantía constitucional establecida en el artículo 73 transcrita no está autorizada para ser suspendida en los casos previstos por el artículo 187 de la Constitución de la República, lo que significa que la estaciones antes mencionadas  

En virtud de lo que ha sucedido con la estación de TELEVISIÓN CHOLUSAT SUR y las estaciones radio-eléctricas RADIO GLOBO y RADIO LA CATRACHA vengo a interponer éste RECURSO DE AMPARO para que la Corte Suprema de Justicia DECLARE que el Decreto Ejecutivo número PCM-M-016-2009 no obliga a la sociedad RED DE DIFUSIÓN HONDUREÑA S.A. DE C.V. (HONDURED) por contravenir, disminuir o tergiversar derechos reconocidos por la Constitución de la República en el sentido de que la estación de TELEVISIÓN CANAL 13 no puede ser clausurado o interrumpidas sus laboras por motivo de delito o falta en la emisión del pensamiento.

El artículo 64 de la Constitución de la República dice además “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en ésta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.”

EL O LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VIOLADOS O AMENAZADOS; Artículo 64 de la Constitución de la República: Artículo 64. No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en ésta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan. Artículo 73 de la Constitución de la República: Artículo 73. Los talleres de impresión, las estaciones radio-eléctricas, de televisión y de cualesquiera otros medios de emisión y difusión del pensamiento, así como todos sus elementos, no podrán ser decomisados ni confiscados, ni clausuradas o interrumpidas sus laboras por motivo de delito o falta en la emisión del pensamiento sin perjuicio de las responsabilidades en que se haya incurrido por estos motivos, de conformidad con la Ley. (el resaltado es mío). Ninguna empresa de difusión del pensamiento podrá recibir subvenciones de gobiernos o partidos políticos extranjeros.

La Ley establecerá la sanción que corresponda por la violación de éste precepto. La dirección de los periódicos impresos, radiales o televisados, y la orientación intelectual, política y administrativa de los mismos, será ejercida exclusivamente por hondureños por nacimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Autorizan este Recurso de Amparo los artículos siguientes: 64, 73, párrafo primero, 183, 189, 321 y demás aplicables de la Constitución de la República; 41 preámbulo y numeral 2), 42, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 68, 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional;

PETICION

A la Honorable Corte Suprema de Justicia, reiterándole mi respeto

PIDO:

a) Admitir el presente escrito y una copia del mismo

b) Tener por interpuesto el Recurso de Amparo

c) Ordenar al Presidente de la República, la remisión de los antecedentes o que rinda un informe, por un término determinado por vos, Honorable Corte, que no exceda de cinco (5) días hábiles, a cuyo efecto deberán librarse las correspondientes comunicaciones;

d) Que el auto de admisión se le notifique al Ministerio Publico; e) Que en caso de no remitirse los antecedentes o no se rindan los informes, que se dicte auto de apremio, mandando a requerir a las autoridades requeridas bajo el apercibimiento de que si no cumplen dentro del término de veinticuatro (24) horas con el mandato, se tendrá como violado el derecho o garantía que motiva la acción;

f) Y en caso de hacerlo, oportunamente concederme vista de los autos para formalizar el recurso, lo mismo que al señor fiscal del Despacho para que emita su dictamen;

g) Y en definitiva, previo los trámites legales fallar otorgando el amparo y mandando proceder con arreglo a derecho Tegucigalpa, D.C. 29 de septiembre del año 2009.      

SANDRA YAMILETH PONCE AGUILERA

Descargar decreto ejecutivo PCM-M-016-2009

1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena suspensión de Garantías Constitucionales en Honduras
2. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena restricción de libertades fundamentales en Honduras
3. ONU anuncia suspensión de ayuda:  Honduras no cuenta con las condiciones adecuadas para garantizar la celebración de elecciones creíbles
4. ONU: Rechaza la suspensión de libertades civiles y exige respeto a las garantías constitucionales
5. OEA: Denuncia decisión de autoridades de facto hondureñas, de impedir ingreso de altos funcionarios de la organización al país
6. Presidente de Costa Rica: Elecciones hondureñas no serán reconocidas

 
1. No. 69/09. http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/69-09sp.htm
 
CIDH CONDENA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS EN HONDURAS
 
Washington, D.C., 29 de septiembre de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la suspensión de derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ordenada mediante el Decreto Ejecutivo PCM-M-016-2009, publicado por las autoridades de facto en Honduras el 26 de septiembre de 2009. Dicha suspensión es violatoria del derecho internacional, ya que fue adoptada para sostener el gobierno ilegítimo nacido del quiebre de la institucionalidad democrática que tuvo lugar el 28 de junio de 2009.
 
La suspensión de garantías está prevista en el artículo 27 de la Convención como un mecanismo excepcional para que se suspenda el goce y ejercicio de derechos en caso de “guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte”. Sin embargo, para que una suspensión de garantías sea legítima, se requiere el cumplimiento de una serie de requerimientos establecidos en la Convención. En este sentido, el primero de estos requisitos es que la suspensión de garantías sea adoptada por un Gobierno que ejerza el poder público en forma legítima dentro del contexto de una sociedad democrática. Asimismo, como lo ha dicho la Corte Interamericana: “La suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona”.
 
El decreto suspende por 45 días garantías constitucionales relacionadas con la libertad personal, la libertad de asociación y de reunión, el derecho de circulación y la libertad de expresión y establece que las Fuerzas Armadas participarán en operativos “para mantener el orden y la seguridad de la República” y para sacar del aire a medios audiovisuales de comunicación. También se prohíbe toda reunión pública no autorizada por autoridades policiales o militares, se restringe la libre circulación indicando que las autoridades de facto anunciarán la duración de los toques de queda y el espacio territorial al que se aplicarán, y se ordena la detención de toda persona que circule fuera del horario establecido.
 
La CIDH expresa su profunda preocupación por este decreto, cuyas disposiciones restringen derechos humanos fundamentales en forma arbitraria, y que contiene normas vagas que otorgan absoluta discrecionalidad a la autoridad, en especial a las fuerzas del Ejército y de la Policía.
 
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
 

 
2. http://www.cejil.org/comunicados.cfm?id=934
CEJIL condena restricción de libertades fundamentales en Honduras

San José, Costa Rica, 28 de septiembre de 2009

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena el decreto emitido por el gobierno de facto de Honduras, publicado el pasado sábado 26 de setiembre que suspende durante 45 días las garantías constitucionales, y a la vez repudia la toma militar y cierre, esta mañana, de Radio Globo y Canal 36.

CEJIL también expresa su más profundo disgusto por la detención y expulsión de una misión preparatoria de la OEA que intentó ingresar ayer a Honduras.

El decreto ejecutivo PCM-16-2009 impone nuevamente el toque de queda, suspende la libertad de tránsito, prohíbe las reuniones públicas no autorizadas por la policía o el ejército, impide la libre expresión y autoriza la suspensión de cualquier radioemisora o canal de televisión que ofenda funcionarios gubernamentales o atente contra resoluciones gubernamentales.

Las amenazas contenidas en el mencionado decreto se concretaron esta mañana cuando efectivos militares procedieron a cerrar el Canal 36 y Radio Globo. En este último lugar representantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH) intentaron levantar un acta del cierre y se les impidió el acceso a las instalaciones por parte de las fuerzas de seguridad. Estas actuaciones dejan al descubierto las verdaderas intenciones represivas del gobierno de facto.

En este contexto, en el cual, los y las hondureñas no pueden ejercer sus derechos civiles y políticos con libertad, es evidente que no existen las condiciones para que se lleve a cabo una campaña electoral. Actualmente no hay espacio para el debate político ni para que los ciudadanos se informen y se expresen sin temor a sufrir represalias.

A los hechos antes citados se suma la muerte de Wendy Elisabeth Ávila, debido presuntamente a los efectos de gases lacrimógenos lanzados por fuerzas policiales y militares, y las agresiones sufridas por dos periodistas guatemaltecos, Alberto Cardona y Rony Sánchez, de Guatevisión, quienes fueron golpeados y sometidos a vejámenes por parte de elementos policiales.

“Hacemos un llamado al Congreso de la República de Honduras para que conozca el decreto que establece la suspensión de las garantías constitucionales y lo impruebe, y pedimos a la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de ese documento. Para CEJIL es urgente que tanto el Congreso como la Corte suprema de Justicia intercedan para autorizar una visita urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que verifique la situación de derechos humanos en Honduras”, dijo la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.

 
3. http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=16577
 
 
Honduras: ONU anuncia suspensión de ayuda

23 de septiembre, 2009  El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, anunció hoy la suspensión de la asistencia de Naciones Unidas al Tribunal Supremo Electoral de Honduras, de cara a las elecciones de noviembre.
Al anunciar la decisión en un comunicado, Ban consideró que en estos momentos el país no cuenta con las condiciones adecuadas para garantizar la celebración de elecciones creíbles que puedan avanzar la paz y la estabilidad en la nación.

El Secretario General expresó su preocupación por la situación actual y las alegaciones de violaciones de los derechos humanos. Urgió al gobierno de facto a acatar todos los protocolos de derechos humanitarios que Honduras ha ratificado y a respetar la inviolabilidad de la embajada de Brasil en Tegucigalpa.

Ban expresó su convicción de que el fin de la crisis hondureña sólo se obtendrá mediante un acuerdo consensuado.

En ese sentido, urgió a la Organización de Estados Americanos y a los líderes regionales a redoblar sus esfuerzos para lograr un diálogo pacífico, para el cual reiteró el apoyo de la ONU.
 

 
4. http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=16657
 
Honduras: Estado de emergencia incrementa tensiones, advierte Ban

29 de septiembre, 2009  El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, subrayó hoy que la declaración de un estado de emergencia por el gobierno de facto en Honduras ha incrementado las tensiones en el país centroamericano.
En conferencia de prensa en Nueva York, el líder del organismo mundial destacó la decisión del Congreso hondureño de rechazar la suspensión de las libertades civiles, y exigir respeto pleno para las garantías constitucionales de libertad de reunión, expresión y movimiento.

“Las amenazas a la embajada de Brasil en Honduras son inaceptables. La ley internacional es muy clara, la inmunidad diplomática no puede ser violada”, subrayó Ban.

El Secretario General llamó una vez más a respetar la integridad del presidente constitucional Manuel Zelaya y urgió a todos los actores políticos a comprometerse al diálogo y a los esfuerzos regionales de mediación.

También reafirmó la disposición de la ONU de ayudar en cualquier forma que sea necesaria a ese proceso.
  

 
5. http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-311/09
 
SECRETARIO GENERAL DENUNCIA DECISIÓN DE AUTORIDADES HONDUREÑAS DE IMPEDIR INGRESO DE ALTOS FUNCIONARIOS DE LA OEA AL PAÍS
27 de septiembre de 2009

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, condenó hoy la decisión de autoridades hondureñas del Gobierno de facto de impedir el ingreso a su país de una comitiva integrada por altos funcionarios del organismo hemisférico, cuyo principal objetivo era preparar la visita a Tegucigalpa de una Misión compuesta por el titular de la OEA y Ministros de Relaciones Exteriores de distintos países de la región.

“Lamentamos esta decisión y la consideramos incomprensible, puesto que el propio Gobierno de facto de Honduras había aceptado tanto la próxima visita de la Misión de Cancilleres como de la comitiva de la OEA que tenía por objetivo efectuar los preparativos de la misma”, sostuvo el Secretario General Insulza.

“Acciones como la adoptada hoy por las autoridades hondureñas del régimen de facto dificultan seriamente los esfuerzos por promover la tranquilidad social en Honduras y la búsqueda de soluciones al actual conflicto político con base en el diálogo y la reconciliación nacional”, manifestó el titular del máximo organismo hemisférico. “Informaré mañana al Consejo Permanente, para que decida sobre las futuras acciones de la Organización”, agregó Insulza.

No obstante, el Secretario General aseguró que la OEA seguirá comprometida con la “búsqueda de una solución pacífica a la crisis que afecta actualmente al pueblo hondureño”.